Las querellas y denuncias por la intervención del banco Popular, y su posterior venta al Santander por un euro, dejando que los accionistas carguen con todas las pérdidas, se acumulan en la Audiencia Nacional. Al menos tres despachos de abogados han presentado iniciativas penales por estafa y delitos de falsedad contable contra la destituida cúpula de la entidad, presidida por Emilio Saracho; y la anterior, encabezada por Ángel Ron. Las acciones penales, que todavía no han sido admitidas a trámite, también se dirigen contra la auditora PwC.
