Los decisores políticos españoles no han sido proclives al uso de la fiscalidad ambiental, salvo en las limitadas y poco afortunadas incursiones autonómicas con objetivos puramente recaudatorios. Esto contrasta con el apoyo sin apenas fisuras que han prestado los economistas académicos a un instrumento que permite reducir la contaminación al mínimo coste y que ha llevado a muchos países de nuestro entorno a aplicar ambiciosas reformas fiscales verdes desde los años noventa. Que, por ejemplo, la imposición sobre carburantes de automoción —la partida más relevante dentro de estos tributos y con un nivel por debajo del observado en la mayoría de nuestros socios europeos— sea prácticamente la única figura fiscal que no se ha tocado (al alza) durante los últimos siete años en nuestro país, refleja ciertamente una situación anómala. Situación muy criticada por expertos españoles e instituciones internacionales desde hace años porque no olvidemos que a mayores impuestos ambientales más incentivos a contaminar menos (a nivel local y global), a desarrollar tecnologías verdes, a ahorrar energía, y a reducir nuestra dependencia energética.
