La Femp plantea dos opciones beneficiosas para ellos. Por un lado, reclama sustituir la «base objetiva actual por una nueva que grave la capacidad económica real del contribuyente». Es decir, el impuesto se calcularía aplicando un gravamen entre la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición. De esta forma se ampliaría el incremento del valor tanto al valor de la construcción —y no solo del suelo como hasta ahora— así como a los inmuebles rústicos —y no solo a los urbanos como ahora—.