La última regulación en materia financiera no proviene del Ministerio de Economía, sino del de Consumo. La cartera de Alberto Garzón ha aprobado una ley para proteger a los clientes vulnerables, de varios sectores, incluido el bancario, debido al Covid-19. Fuentes del sector consideran que abrirá una nueva grieta en torno a la directiva Mifid 2 para dar cabida a criterios sociales y no solo económicos: sexo, edad, origen, si pertenece a una minoría étnica o si se es una persona migrante, entre otros factores. La banca afrontará nuevas exigencias.