En pleno debate suscitado por el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de establecer un nuevo impuesto a la banca para ayudar a financiar las pensiones, el gravamen sobre depósitos de las entidades de créditos pierde fuelle. Este impuesto, que pagan los bancos por los ahorros que sus clientes mantienen en sus oficinas, aporta cada vez menos recursos a las arcas de las comunidades autónomas. Los 345,6 millones recaudados en 2016, supone un 28% menos que el ejercicio anterior. Este impuesto, que no lo pagan directamente los ciudadanos sino los bancos, se reparte entre las autonomías según el número de oficinas que hay en cada territorio y los ahorros depositados en ellas.
