La inestabilidad política ha frenado el buen momento inversor que vivía la economía catalana. Según explican varios despachos de abogados consultados, fondos de inversión y empresas extranjeras piden ya informes jurídicos y financieros sobre el impacto de la norma que rige el referéndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, y sobre todo la ley de transitoriedad. Los bufetes y organizaciones consultados explican que algunas empresas han decidido congelar inversiones y, en algún caso, incluso han acabado por descartarlas.
