El conflicto laboral en los filtros de seguridad de El Prat, que comenzó el pasado 24 de julio, ha provocado molestias a miles de pasajeros y ha abierto una nueva batalla política entre la Generalitat y el Gobierno. Los paros parciales y las huelgas de celo que han tenido en vilo al segundo aeropuerto español tuvieron un punto de inflexión el jueves. Los trabajadores rechazaron en asamblea la oferta lanzada por el Gobierno catalán —que ejerce de mediador en el conflicto— y aceptada por la multinacional Eulen, la adjudicataria del servicio. Esa propuesta recogía un complemento salarial de hasta 200 euros al mes en 12 pagas, además de otras mejoras organizativas.
