El Gobierno ha regulado un sistema de reclamaciones para que la banca devuelva las cantidades cobradas de más por las cláusulas suelo consideras abusivas por los tribunales. Es un sistema obligatorio para los bancos que limita el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva de los clientes. Son restricciones que se justifican por la importancia sistémica del problema. La reputación de la banca no puede resistir cientos de miles de demandas de los clientes más vinculados. Por esta razón, el Gobierno da una pausa a la banca para que pueda restaurar la relación de confianza con sus mejores clientes.
