A lo largo de las últimas semanas han saltado las alarmas tras el torrente de imágenes de decenas de desahucios ejecutados principalmente en Madrid y Barcelona sobre inquilinos que no podían pagar las rentas del alquiler. Dos de ellos, ocurridos en el madrileño barrio de Vallecas y con familias con menores a cargo como afectadas, han servido para evidenciar un problema social que, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, suma ya 10.961 lanzamientos solo entre enero y marzo de 2021. De ellos, la inmensa mayoría (7.862) corresponden a procesos vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos. La pregunta que muchos se han hecho es casi obligada: ¿Cómo puede haber desahucios si con la pandemia hay una norma que los suspende? La razón es que la detención del proceso depende de que un juez considere que el afectado cumple ciertos criterios de vulnerabilidad.
