La noticia de que Economía pondría en marcha una consulta popular antes de decidir si eleva al Gobierno o no la decisión final sobre la oferta de compra de Sabadell por parte de BBVA fue saludada con relativo optimismo desde el banco objeto de compra.
Su presidente, Josep Oliu, comentó que la decisión era «positiva», pero dentro de la cúpula de la entidad existe un cierto temor de que finalmente el Gobierno acabe dando el visto bueno a la operación, aunque sea con condiciones reforzadas en comparación con las alcanzadas entre BBVA y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que finalmente aprobó la opa por unanimidad de la Sala de Competencia.
La primera reacción del banco de origen catalán (característica que ha sido jugada por sus dirigentes desde el primer momento) fue de alivio, materializada no solo en la declaración de Oliu, sino también en los numerosos abrazos y felicitaciones que recibió el consejero delegado, César González-Bueno, en los pasillos de la reunión del Círculo de Economía donde el presidente del Gobierno anunció la decisión.
Pero, pasados los primeros momentos de relativo optimismo, una cierta inquietud empezó a pesar sobre las cabezas de los principales directivos y de algunos consejeros.
Entre quienes se oponen a la operación, hay quien considera que el Gobierno debería prohibirla, pero no puede hacerlo, según la legislación actual. Por eso la alternativa que ahora defienden es que el Ejecutivo, haciendo suyas las razones en contra que presenten quienes participen en la consulta, imponga unas condiciones tan duras que acaben llevando a BBVA a anunciar que desiste de llevarla a cabo.
Es lo que esperaban estas personas e instituciones cuando consideraban factible que al menos un miembro de la Sala de Competencia presentara un voto particular oponiéndose al dictamen favorable y que ello le permitiera al Gobierno, basándose en ese voto en contra, endurecer hasta el máximo las condiciones. Estrategia que quedó desmantelada cuando la Sala de Competencia aprobó por unanimidad el dictamen.
Parecía que no había partido, porque no se veía cómo el Gobierno podía llegar a oponerse tras lo decidido por la CNMC sin desautorizar a este organismo.
Nuevo precedente
Pero el presidente del Gobierno, y el Ministerio de Economía, sacaron un conejo de la chistera. Aprovechando la existencia de la consulta popular como cauce de participación para determinadas normas legislativas, decidieron hacer lo mismo, pero sobre una operación mercantil entre dos compañías privadas, algo que nunca se había hecho hasta ahora y que, señalan muchos juristas, puede crear un precedente complejo y complicado. En esta situación, quienes creían que se había acabado el partido, y que lo habían perdido, volvieron a confiar en remontar. Máxime cuando se analiza el cuestionario elaborado por Economía para que quienes quieran participen en la consulta. Es tan amplio y vago que cabe todo. Lo más llamativo es que se deja en manos de los participantes que definan ellos lo que consideran interés general.
Precisamente esa ambigüedad y el hecho de que la consulta no sea vinculante es lo que no acaba de dejar tranquilos a los responsables del banco objeto de intento de compra, porque piensan que una cosa es la consulta en sí y otra cómo puede utilizarla el Gobierno.
Es cierto que existe una parte de la opinión pública que es contraria a la operación, pero también es verdad que, en Europa, y tampoco en el Banco Central Europeo, entenderían que se frustrara la transacción, que ha sido aceptada por ellos, esgrimiendo motivos de seguridad nacional, por ejemplo, que es algo sobre lo que pregunta Economía. Ambas entidades ya existen y sería difícil de explicar que su unión tuviera repercusiones en este terreno.
Por eso es por lo que algunos directivos señalan como bastante probable que finalmente el Gobierno endurezca las condiciones, pero no tanto como para disuadir a BBVA, y que, por lo tanto, acabe siendo aprobada por todas las autoridades y sean los accionistas quienes finalmente decidan.
Y llegados a ese punto, no todos tienen claro que los accionistas vayan a decidir no acudir al canje. El proceso de concentración del capital que se ha producido en los últimos meses en manos de grandes inversores institucionales, buena parte de los cuales también son accionistas de BBVA, y que ha ocultado Sabadell, no parece que juegue a favor de quienes defienden que la mejor opción es que Sabadell siga en solitario.
El argumento de que la prima ofrecida por BBVA es negativa y que ello implica que si los accionistas de Sabadell acudieran a la opa perderían dinero pierde fuerza en estos días. Desde que se conoció el informe de la CNMC la prima negativa se ha reducido de forma drástica y los valores tienden a ajustarse con la ecuación de canje.