Los socios catalanes del Gobierno acogen con satisfacción las nuevas condiciones para frenar la fusión.
Casi catorce meses después del anuncio de la opa de BBVA sobre Sabadell, el Gobierno anunció por fin ayer sus condiciones para permitir que la oferta sea ejecutada en caso de que los accionistas de la entidad decidan aceptarla. Aferrándose al difuso concepto de interés general, el Consejo de Ministros agravó los criterios fijados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, al prohibir la potencial integración de ambas entidades durante los tres próximos años, ampliables hasta cinco.
En ese tiempo, el grupo resultante no podría recortar empleo (como exigía Sumar), ni reducir el número de oficinas y tanto BBVA como Sabadell quedarían obligadas a mantener su personalidad jurídica y patrimonio separados, además de una gestión autónoma. Aspectos que serían evaluados de forma periódica por el Ejecutivo, según especificó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La decisión llega tras la inaudita consulta popular telemática llevada a cabo por su departamento para recabar las opiniones de organizaciones de la sociedad civil como complemento al exhaustivo y minucioso análisis técnico realizado tanto por el organismo encargado de velar por el mantenimiento de la competencia en el sector bancario como por el supervisor bursátil, que dieron luz verde a la opa con algunas salvaguardas para asegurar el flujo de crédito a pymes y autónomos.
A pesar de ello, Moncloa considera necesario agravar las condiciones para, en la práctica, aplazar una posible fusión. Ese corsé operativo impediría al grupo resultante lograr las sinergias de 300 millones de euros previstas con el ajuste del número de oficinas y del personal si prosperase la oferta, pero aún podría obtener las economías de escala derivadas de la integración tecnológica, estimada en unos 450 millones de euros.
Como era previsible, las condiciones agravadas fueron bien recibidas entre los aliados de Sánchez pertenecientes al ámbito político catalán, que le han presionado durante meses para que frenase una integración total de Sabadell con BBVA. Sin embargo, los analistas cuestionan la discrecionalidad del Gobierno al imponer una supervisión reforzada sobre ambas entidades y consideran que mina la imagen exterior de la economía española.
Al respecto, tanto las autoridades comunitarias como el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, alertaron de que los obstáculos a la opa restan credibilidad a los esfuerzos por lograr la unión de capitales europea.