Popular celebra mañana junta de accionistas, una semana después de anunciar un desfase contable de 600 millones en sus cuentas de 2016. El mercado espera que el nuevo presidente dé pistas sobre sus planes para intentar reconducir los problemas de la entidad.
Popular celebra mañana lunes junta general de accionistas, un encuentro que se prevé tenso y marcado nuevamente por las críticas de los inversores al anterior equipo gestor. Emilio Saracho presidirá la junta, en la que será su primera intervención pública desde que asumió el cargo el 20 de febrero, y donde el mercado espera que empiece a desgranar algunas de las medidas que prevé tomar para intentar reconducir los problemas del banco.
La desinversión de activos es uno de los ejes de actuación del nuevo equipo. Popular ya ha puesto formalmente a la venta su banco en EEUU, junto a la actividad de banca privada y su unidad WiZink, pero se desconoce el plan que está diseñando el presidente para abordar el refuerzo de provisiones y capital que necesita la entidad. Popular reunirá a sus accionistas, además, con un consejero delegado en situación de interinidad, dada la próxima salida del banco de Pedro Larena.
La junta ha generado mucha expectación. De los ocho puntos del orden del día, el más conflictivo es la aprobación de las cuentas de 2016, que reflejan unas pérdidas récord en la historia de Popular. Los números rojos de 3.485 millones del pasado año y el derrumbe del 90% de las acciones durante la crisis centrarán las intervenciones de los accionistas. La desviación contable de más de 600 millones comunicada el pasado lunes por el nuevo presidente a la CNMV alimentará las críticas, así como la petición de responsabilidades y posibles demandas contra la excúpula.
La junta ratificará, a su vez, el nombramiento como consejeros independientes de Antonio González-Adalid (ex Enagás) y de Carlos González (ex Deloitte). Los accionistas votarán la reelección de PwC como auditor y una limitación para que el bonus de los directivos no supere en dos veces el salario fijo, tal y como contemplan las recomendaciones de buen gobierno. La dirección lleva dos años sin cobrarlo. También se votará el informe anual de remuneraciones de los consejeros.