Los principales bancos cotizados de Italia presentan niveles de gestión e informes de sostenibilidad muy consolidados. Sin embargo, las entidades más pequeñas y sin presencia en los mercados bursátiles muestran importantes lagunas en sus políticas sociales, medioambientales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés), según Standard Ethics.
En el informe El reto de la sostenibilidad para los bancos italianos no cotizados, la agencia de calificación medioambiental analiza 43 instituciones financieras transalpinas que no están en Bolsa y evalúa su manejo de los aspectos vinculados con la sostenibilidad en su relación con clientes y proveedores.
Para ello, el estudio escruta 23 indicadores distribuidos en cuatro áreas relacionadas con aspectos ESG: procedimientos y políticas, objetivos, evaluaciones y mandatos específicos de cada banco.
Conclusiones
Entre las conclusiones más destacadas recalca que sólo el 14% de los bancos hace pública su política medioambiental, que apenas el 9% posee directrices sobre derechos humanos y que ninguna entidad cuenta con una estrategia sobre el uso de la inteligencia artificial.
Por su parte, nada más que el 19% de la banca no cotizada informa sobre sus políticas de igualdad de género y el 26% se ocupa de la diversidad e inclusión. En lo que se refiere a cuestiones de gobernanza, si bien el 98% posee un código ético o de conducta, solamente el 22% de estos instrumentos parecen cumplir con las normas y contar con referencias internacionales en materia de sostenibilidad según los criterios de la ONU, la OCDE y la UE.
Por último, un exiguo 14% de los consejos de administración alcanza la paridad de género y el 55% de los bancos analizados proporciona informes ESG muy básicos. Los expertos de Standard Ethics explican que los resultados del estudio revelan disparidades significativas en la comunicación y las políticas adoptadas. Si bien algunos bancos no cotizados han iniciado un proceso de adaptación a las recomendaciones internacionales de sostenibilidad, la brecha general entre los estándares internacionales y los de los bancos cotizados sigue siendo considerable.
«A pesar de las obligaciones regulatorias, los casos en los que se ha realizado un análisis previo del posicionamiento de riesgos ESG parecen ser escasos», indica el informe.
Por otro lado, el uso de consultorías externas para la comunicación y la elaboración de informes parece ser común, mientras que la participación de agencias de calificación especializadas no lo es (solo en el 7% de los casos se publica un ráting ESG).
Esta situación deriva, en muchos casos, en una menor coherencia en la divulgación pública de la gestión de riesgos ESG, la gobernanza, las políticas y los objetivos, mientras que su alineación con las directrices internacionales parece ser deficiente, concluye el informe.