El grado de conciliación laboral que pueden disponer los ciudadanos es una de las medidas del grado de bienestar de una sociedad. No es la única pero sí la que señala con mayor exactitud cuán lejos ha llegado la sofisticación social en una democracia avanzada. La conciliación recoge y cristaliza en leyes la idea de que el ocio es tan importante como el trabajo y que cuando mayor sea la satisfacción fuera de las tareas productivas, más rentabilidad aportará el profesional o trabajador a la cuenta de resultados de una empresa (efecto final y decisivo para una compañía). Esto es tan cierto como antiguo; no es un paradigma laboral que acaba de probarse hoy en los usos y costumbres sociales, sino que es un modo de trabajar ampliamente difundido y probado desde la década de los sesenta del siglo pasado. Y, sin embargo, no cuaja de forma satisfactoria. Hay fuerzas que se resisten a normalizarlo y, por lo tanto, si se aceptan sus premisas básicas (el efecto benéfico sobre la producción), estas resistencias frenan la productividad y el valor añadido global.
