Hubo un tiempo, allá por la época de Miguel Boyer como ministro de Economía, que el pollo era el enemigo público de la estabilidad económica española. El precio de su carne experimento una súbita y persistente subida, lo cual provocó una especie de pánico en las autoridades económicas, sensibilizadas con los precios (los gravísimos desequilibrios voluntariosamente corregidos por los Pactos de la Moncloa todavía estaban presentes en España), y causó una masiva importación de carne de pollo para apagar el incendio. El susto se produjo durante un verano ‘avícola’ y sirvió para conformar que en materia de estabilidad económica no hay enemigo pequeño. La carne de pollo es esencial en la estructura del consumo doméstico. Es una proteína animal barata (desde luego, más barata que la carne de vaca o cerdo), ocupa un lugar importante en los hábitos de consumo, y está establecida como una producción industrial de importancia en España, con capital nacional casi en su totalidad. Pero ha aparecido un factor que exige al menos un proceso de adaptación, es decir, de inversiones: la presión de los grupos de defensa de los animales se ha concretado en la petición de que la producción de huevos, por ejemplo, proceda de ‘gallinas felices’. La industria ha llegado a un cruce múltiple de caminos y tiene que tomar decisiones sobre un fundamento estadístico claro: el consumo de la carne de pollo en hogares desciende, y la demanda no cae porque la restauración y el turismo la sostienen.
