Eran viejos conocidos de la Agencia Tributaria que alertó en septiembre de 2016 a la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia. De un depósito fiscal de Castellón, regentado por un padre y una hija, salían centenares de miles de botellas de bebidas alcohólicas con destinos a distintos puntos de España, principalmente de la zona de Levante y Sevilla y Cádiz. Su estructura de fraude consistía en cobrar el 21% de IVA legal pero no repercutirlo en la Agencia Tributaria sino en toda una amalgama de empresas creadas para diluir esa estafa al tesoro público. «Hemos intervenido hasta 60 empresas pantalla», aseguraba el Teniente Coronel Almansa, jefe de la unidad de delitos económicos de la Unidad Central Operativa (UCO). Los investigadores, que bautizaron la Operación como «Espíritu», calculan que el fraude alcanza los 25 millones de euros.
