Las dos empresas distribuidoras españolas se querellaron en 2011 contra el Gobierno de Hamburgo. Exigían una indemnización de 2,28 millones de euros por los daños causados por las acusaciones falsas de la responsable. La justicia obliga ahora a la ciudad a firmar un acuerdo mediante el cual su Gobierno se compromete a pagar una suma que no ha sido revelada pero que, al parecer, es de seis dígitos.
