El Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial, una consulta, al Tribunal de Justicia de la UE sobre la sentencia de septiembre 2016 que hizo saltar los cimientos de la legislación laboral española al defender que se igualasen las indemnizaciones por finalización de contrato entre los trabajadores fijos, temporales e interinos. La sentencia europea provocó que el Gobierno crease un grupo de expertos para estudiar su puesta en práctica y ya ha suscitado consultas de otros tribunales españoles sobre casos similares.
