Las grandes empresas tendrán que informar públicamente cada año de las decisiones que tomen sobre igualdad de género, protección del medio ambiente, derechos humanos o lucha contra la corrupción. Junto al informe anual sobre resultados que están obligadas a presentar, tendrán que redactar otro sobre el impacto medioambiental y social de sus actividades. Así consta en el borrador del Anteproyecto de Ley sobre información no financiera de las grandes empresas aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
