Enfrentados con la crisis económica, los Ayuntamientos pudieron ajustar sus cuentas con más facilidad que otras Administraciones por dos motivos: mientras que la recaudación del resto de figuras tributarias bajaba, la del IBI subía mucho gracias a los incrementos de tipos, la eliminación de bonificaciones, el alza extraordinaria que aplicó el Gobierno y las actualizaciones del catastro. Además, las entidades locales brindaban muchos servicios no esenciales. Y resultaba mucho más sencillo recortar esos mismos servicios e inversiones. Buena parte del empleo vinculado a estas áreas no era personal funcionario y, en consecuencia, fue fácil de recortar. De hecho, con el Plan E de inversiones rápidas movilizado por el Gobierno de Zapatero se incrementó la plantilla de los municipios hasta en 30.000 efectivos. Pero a partir de enero de 2010 los consistorios empezaron a reducir puestos de trabajo. Hasta el punto de que entre enero de 2010 y enero de 2017, el personal contratado descendió en 100.000 trabajadores, desde los 580.000 hasta los 480.000.
